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La verdad no peca, pero incomoda’: diputado Humberto Prieto





Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Tampico, Tamaulipas. 30 octubre 2025.– El diputado Humberto Prieto Herrera consideró que tras las reformas a la Ley de Amparo, se debe dar tiempo para que éstas surtan efecto y permitan que las autoridades de Justicia puedan ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes. Una de éstas es contra el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.

El legislador reconoció que la reciente modificación a la Ley de Amparo representa un avance importante en la aplicación de la justicia, ya que busca evitar el uso de recursos legales como mecanismo de protección o impunidad para funcionarios señalados por delitos.

“La Ley de Amparo se acaba de aprobar; hay que darle tiempo para que se haga reconducente. Me queda claro que el pueblo está lleno de gente muy trabajadora y que acatará lo que la ley indique, sobre todo cuando hay reformas tan relevantes como esta”, expresó.

Cuestionado sobre los ataques personales que ha recibido en las últimas semanas, Prieto Herrera atribuyó estas acciones a grupos políticos identificados con el exgobernador y con el Partido Acción Nacional (PAN), quienes —aseguró— han emprendido una campaña de desinformación en su contra.

“Han estado atacando con puras barbaridades. La verdad no peca, pero incomoda, y creo que eso les molesta: que les diga sus verdades”, apuntó.

El diputado morenista afirmó que no tiene pruebas directas sobre el origen de esos ataques, pero consideró “evidente” que provienen de los mismos grupos que han intentado frenar las reformas impulsadas por el actual gobierno estatal y federal.

“Sabemos que vienen más ataques, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros damos la cara, y siempre estaremos aquí para responder ante cualquier mentira o invento”, subrayó.

Prieto Herrera reiteró su confianza en que las reformas aprobadas fortalecerán el Estado de derecho y permitirán avanzar en procesos judiciales que se han mantenido detenidos por años, principalmente aquellos que involucran a exfuncionarios o autoridades municipales con cuentas pendientes ante la justicia.


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